En julio del año 2003, el Claustro Universitario aprobó el Estatuto de la Universidad de Alicante donde en el artículo 2k se reflejaba que uno de los fines primordiales de dicha Universidad era “potenciar el conocimiento y uso de la lengua propia de la Comunidad Valenciana, valenciano según el Estatuto de Autonomía, académicamente catalán, atendiendo a su consolidación y plena normalización en toda la vida universitaria”.

El Consell de la Generalitat presidido por el muy honorable Francisco Camps, mediante decreto, el 7 de mayo de 2004 aprobó el Estatuto de la Universidad de Alicante SUPRIMIENDO la expresión “ACADEMICAMENTE CATALÁN”. Evidentemente la Universidad recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le dió la razón el 10 de marzo de 2005, teniendo la Generalitat que rectificar.

La Universidad de Alicante se vió obligada a interponer un recurso contencioso administrativo contra el decreto del Consell que aprobó el texto “falto de este matiz científico”.

El señor Camps, el señor Font de Mora, el Consell en pleno se empecinan en hacer oídos sordos a la normalización lingüística que se lleva en la práctica en todo el País Valenciano, porque el Ministerio de Educación así lo contempla. Tres años después, el pasado 15 de abril, el DOCV (Diario Oficial de la Comunidad Valenciana) modifica el Decreto donde aprobó el Estatuto de la Universidad, omitiendo la frase “académicamente catalán”, evidentemente obligado por el alto tribunal que exige “se apruebe y publique el artículo 2k del Estatuto de la Universidad de Alicante conforme al texto original remitido por la misma”.

En lugar de esto. Las cabezas pensantes del PP valenciano, bajo las órdenes del beato Francisco Camps y su Conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, deciden continuar con la escuela que inauguró otro espécimen llamado Alfredo Urdaci, desoyendo a la justicia y haciendo de su capa un sayo, prescindiendo de lo “académicamente catalán” en directa alusión al valenciano como estaba reflejado y contemplando únicamente que "En virtud de la sentencia firme de 20 de junio de 2005... se reconoció el derecho a que el Consell apruebe y publique el artículo 2.k) del Estatuto de la Universidad de Alicante conforme al texto original remitido por la misma". (sic)

Recordemos que cuando el periodista Alfredo Urdaci dirigía los telediarios de TVE, fue sentenciado por manipulación informativa durante el mandato de Aznar, tuvo que rectificar un texto referente a Comisiones Obreras que leyó, en cumplimiento de la orden judicial, a una velocidad mayor de la habitual para este medio, con la sintonía de fin del informativo de fondo, deletreando las siglas algo inusual en medios como la radio y la televisión, en un descarado ejercicio de desfachatez impresionante. La Consejería de Educación ha imitado al señor Alfredo Urdaci utilizando la misma maniobra engañosa, dando pie a una nueva denuncia por incumplimiento de sentencia utilizando artimañas y subterfugios impropios de estamentos oficiales. Inconcebible en la época actual.

No debemos olvidar que es el primer caso que la Generalitat reconoce la denominación de “catalán” por parte de las universidades. En estos momentos la de Valencia y Castellón tienen pendientes varios recursos contra esa ceguera enfermiza de la Generalitat Valenciana y también por haber utilizado la bella expresión “País Valenciano”. En las oposiciones a profesores de Secundaria de los últimos tres años, le ha costado al Consell 11 sentencias condenatorias por el mismo motivo. 

El juez debería castigar al President y al Conseller de Educación a colocarse unas orejas de burro en la cabeza, como se hacía antaño, y visitar a cada uno de los valencianos en su domicilio para comunicarles de viva voz la sentencia.

No es un problema de ignorancia, sino de mucha mala fe. Su actitud les produce una gran rentabilidad en los votos “valencianistas” del sector fallero populachero, en cuyas aguas el PP se desenvuelve con gran habilidad, llamando a la puerta del sentimiento regionalista tan arraigado y supeditado al centralismo heredado del franquismo.

Para evitar estos hechos (o similares) sería imprescindible que el President y el Conseller de Educación aprobasen la asignatura Citizenship Education (Educación para la Ciudadanía) y eso es casi imposible con sus parámetros éticos en las mismísimas antípodas. También porque al impartir la enseñanza de dicha asignatura en inglés, (quizás el arameo hubiese sido el idioma más adecuado), hacen falta 125 profesores con un presupuesto adicional entre los 2 y los 3,2 millones de euros, con el agravante de tener que despejar la dificilísima duda académica de utilizar la variante fonética de Oxford, con la Universidad más antigua del mundo anglófono, o la de su eterna y prestigiosa rival Cambridge. Terrible dilema. 
    
Luis Viadel