Una nueva amenaza se cierne sobre los ciudadanos, y es que ya no somos capaces de concebir nuestra vida sin teléfonos móviles pero sin embargo las antenas de telefonía móvil provocan suspicacias y recelos por parte de los vecinos a los que se pide soporten su instalación. 

Para empezar hay que plantearse una pregunta : 

¿Existen riesgos para la salud asociados con vivir, trabajar, jugar o asistir a la escuela cerca de antenas de estaciones base de telefonía celular o SCP?

Entre los escépticos se sostiene que "la comunidad científica, tanto de Estados Unidos como internacional, está de acuerdo en que la potencia generada por estas antenas de estaciones base es, con mucho, demasiado baja para producir riesgos para la salud, mientras que la población se mantenga alejada del contacto directo con estas antenas". Sin embargo, cada vez son más los científicos que mantienen esta tesis y los que dicen que no, afirman que hay que seguir investigando y que mientras tanto se aplique medidas de PRECAUCIÓN. En el mes de mayo de 2000 se produjo por primera vez una sentencia en España, condenando a Iberdrola por los campos electromagnéticos que un generador producía en torno a una vivienda, el contenido de la sentencia es también extrapolable a los campos generados por las antenas de telefonía móvil. 

¿Qué se debería hacer al respecto?

Lo sensato sería aplicar el principio de la precaución, de manera que cuando hay ciertas sospechas de su peligrosidad, no se admita la instalación o uso, en tanto no se demuestre fehacientemente su inocuidad. Por otra parte, nos preocupa también el modo en que se está procediendo a su instalación, aprovechando un cierto vacío normativo, que deja sin delimitar claramente las responsabilidades de las diferentes Administraciones (local, autonómica y estatal). Además, con el apetitoso ingreso que les supone a las comunidades de vecinos el alquiler de sus azoteas, unido a la nula información que los ciudadanos poseen sobre sus posibles efectos, las compañías de telefonía móvil encuentran mínimas reticencias a su instalación.

En todo caso, LA GENTE CON SENTIDO HUMANISTA Y ECOLOGISTA pensamos que no sería bueno hacer depender de las necesidades de recaudación de los municipios o de las comunidades de vecinos la decisión final sobre su instalación o no, porque hay en juego factores como el respeto a la salud que exceden del ámbito de lo económico, y que la opinión democrática de los habitantes del municipio debería ser escuchada en todo caso mostrándose la máxima sensibilidad hacia las demandas ciudadanas de información sobre los riesgos que pudieran afectar a su salud.

Juan Luis Costa Zúñiga